A partir del 21 de enero, el mapa migratorio hacia Estados Unidos cambiará drásticamente. Por instrucción directa de la administración de Donald Trump, el Departamento de Estado pausará de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 naciones. La medida, que busca reducir lo que el gobierno denomina “riesgo económico”, afecta de lleno a Sudamérica, incluyendo en la “lista negra” a países como Brasil, Colombia y Uruguay.
El regreso de la “Carga Pública”
El eje central de esta ofensiva migratoria es una interpretación extremadamente estricta de la cláusula de “carga pública”. Bajo este criterio, los funcionarios consulares tienen la orden de rechazar solicitudes si consideran que el aspirante podría representar un gasto para el sistema de asistencia estatal.
Estados Unidos suspende visas de 75 países.
Para decidir quién entra y quién no, el gobierno evaluará factores minuciosos que van más allá de los antecedentes penales:
Situación financiera: capacidad de autosustento inmediato.
Salud y edad: riesgo de necesitar atención médica prolongada.
Habilidades: dominio del idioma inglés y nivel educativo.
Historial: uso previo de ayudas estatales o probabilidad de necesitarlas.
Países en la mira
Aunque la medida impacta fuertemente en la región (sumando también a Cuba, Haití, Guatemala y Nicaragua), la lista se extiende a nivel global. Naciones como Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria y Tailandia también se encuentran bajo esta suspensión. Según un memorando interno, las excepciones para procesar visas en estos países serán “muy limitadas”, lo que en la práctica supone un bloqueo casi total a los nuevos residentes legales de estas nacionalidades.
El mensaje político de Trump 2.0
Este giro marca el regreso de la línea más dura del Partido Republicano, revirtiendo las flexibilizaciones que había implementado Joe Biden en 2022. Desde su reasunción, la Casa Blanca ya ha revocado más de 100.000 visas y ha intensificado la vigilancia, llegando incluso a revisar las redes sociales de los solicitantes.
A partir del 21 de enero, el mapa migratorio hacia Estados Unidos cambiará drásticamente. Por instrucción directa de la administración de Donald Trump, el Departamento de Estado pausará de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 naciones. La medida, que busca reducir lo que el gobierno denomina “riesgo económico”, afecta de lleno a Sudamérica, incluyendo en la “lista negra” a países como Brasil, Colombia y Uruguay.
El regreso de la “Carga Pública”
El eje central de esta ofensiva migratoria es una interpretación extremadamente estricta de la cláusula de “carga pública”. Bajo este criterio, los funcionarios consulares tienen la orden de rechazar solicitudes si consideran que el aspirante podría representar un gasto para el sistema de asistencia estatal.
Estados Unidos suspende visas de 75 países.
Para decidir quién entra y quién no, el gobierno evaluará factores minuciosos que van más allá de los antecedentes penales:
Situación financiera: capacidad de autosustento inmediato.
Salud y edad: riesgo de necesitar atención médica prolongada.
Habilidades: dominio del idioma inglés y nivel educativo.
Historial: uso previo de ayudas estatales o probabilidad de necesitarlas.
Países en la mira
Aunque la medida impacta fuertemente en la región (sumando también a Cuba, Haití, Guatemala y Nicaragua), la lista se extiende a nivel global. Naciones como Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria y Tailandia también se encuentran bajo esta suspensión. Según un memorando interno, las excepciones para procesar visas en estos países serán “muy limitadas”, lo que en la práctica supone un bloqueo casi total a los nuevos residentes legales de estas nacionalidades.
El mensaje político de Trump 2.0
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