El Fondo Nacional de Turismo (FNT) es un instrumento financiero destinado a impulsar políticas públicas vinculadas a la promoción, el desarrollo y la competitividad del turismo en Argentina. Se nutre, principalmente, de recursos tributarios y arancelarios asociados a la actividad, lo que le otorga un rol estratégico dentro del esquema económico del sector.
En las últimas horas, el FNT volvió al centro de la escena tras la presentación de un nuevo proyecto legislativo que busca extender su vigencia hasta 2035. La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Ana María Ianni, quien plantea la necesidad de dotar al instrumento de mayor previsibilidad y respaldo institucional.
La propuesta retoma un debate abierto desde 2024, cuando ya se había intentado avanzar con una extensión del Fondo sin éxito parlamentario. Posteriormente, el Poder Ejecutivo resolvió prorrogar su vigencia mediante decreto, aunque solo hasta diciembre de 2027.
Para Ianni, esta solución resulta insuficiente. Según su planteo, el turismo no puede depender de decisiones de corto plazo ni de herramientas administrativas que carecen de estabilidad jurídica. En ese sentido, remarca que, al tratarse de un fondo financiado en gran medida con recursos tributarios, su continuidad debe ser definida por ley y no por decreto.
El proyecto establece, además, que el 50 % de lo recaudado por trámites arancelarios vinculados al turismo sea destinado específicamente a la promoción del turismo nacional, con participación del Consejo Federal del Turismo.
Sub-ejecución de recursos: el eje de la polémica
Uno de los puntos más críticos del debate gira en torno a la ejecución presupuestaria del Fondo. Según datos oficiales incluidos en la iniciativa, durante 2025 el FNT recaudó más de $358 mil millones. Sin embargo, los niveles de ejecución fueron considerablemente más bajos.
Esta brecha entre recaudación y gasto efectivo se repite en 2026, lo que genera preocupación dentro del sector. La subejecución impacta directamente en la capacidad del turismo para dinamizar economías regionales, sostener el empleo y potenciar la oferta en destinos emergentes.
Desde una perspectiva económica, el problema no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en su correcta asignación y ejecución. En un contexto de restricciones fiscales, la eficiencia en el uso de fondos públicos se vuelve un factor determinante.
El debate sobre el FNT se da en un escenario de desaceleración del consumo, que también afecta al turismo. Incluso en períodos tradicionalmente fuertes, como Semana Santa, se registró una caída en el gasto promedio de los viajeros.
En este marco, el Fondo aparece como una herramienta clave para sostener la actividad. Su correcta implementación podría contribuir a amortiguar los efectos de la coyuntura económica, especialmente en regiones donde el turismo representa una fuente central de ingresos.
El turismo en Argentina representa cerca del 6% del PBI y genera más de un millón de empleos. En este contexto, el FNT no solo cumple una función promocional, sino que también actúa como un mecanismo de desarrollo federal.
La posibilidad de extender su vigencia hasta 2035 permitiría planificar políticas de largo plazo, atravesando distintas gestiones de gobierno y consolidando al sector como una política de Estado.
La discusión, en definitiva, no se limita a la continuidad de un fondo, sino que pone en juego el modelo de desarrollo turístico que el país busca construir: uno con reglas claras, financiamiento sostenido y una mirada federal que potencie cada destino del territorio nacional.
