Juliá Internacional ha abierto una negociación con sus entidades financieras y la SEPI para reestructurar su deuda, según detalla Preferente. La compañía española ha contratado a KPMG para asesorar el proceso, que incluye también medidas de contención, venta de activos y una revisión de parte de sus negocios internacionales (El Gobierno autoriza el rescate de 38 millones para Grupo Juliá).

Según publica El Economista, uno de los principales frentes es el pasivo con la SEPI, a la que adeuda 38 millones de euros procedentes de la financiación concedida en 2022 a través del fondo de emergencia. De esa cantidad, 20 millones corresponden a créditos participativos y otros 18 millones a préstamos ordinarios (La SEPI da luz verde al rescate de 38 millones para Grupo Juliá).

La empresa pretende ampliar el calendario de devolución, cuyos vencimientos se sitúan entre 2028 y 2029, hasta el año 2032. La renegociación se extiende al conjunto de entidades financieras que integran su pool bancario, formado por alrededor de una decena de acreedores, entre ellos Bankinter, Sabadell, CaixaBank y Deutsche Bank. No se esperan quitas agresivas.

En paralelo, Juliá Internacional está revisando su presencia en el exterior, con especial atención a Argentina y Estados Unidos. El primero podría convertirse en objeto de alguna desinversión para obtener liquidez. La compañía ya ha recurrido a operaciones de venta y posterior arrendamiento de instalaciones en Madrid y Barcelona, una fórmula que le permite obtener recursos sin dejar de utilizar las campas donde estaciona sus autobuses.

La situación financiera explica la puesta en marcha de estas medidas. Las últimas cuentas individuales de la matriz, correspondientes a 2025, reflejan un patrimonio neto negativo de 41 millones de euros y un fondo de maniobra también negativo, de 37 millones. La compañía prevé cerrar el ejercicio actual con unas ventas similares a las del año anterior, en torno a los 250 millones de euros.

Juliá Internacional ha abierto una negociación con sus entidades financieras y la SEPI para reestructurar su deuda, según detalla Preferente. La compañía española ha contratado a KPMG para asesorar el proceso, que incluye también medidas de contención, venta de activos y una revisión de parte de sus negocios internacionales (El Gobierno autoriza el rescate de 38 millones para Grupo Juliá).

Según publica El Economista, uno de los principales frentes es el pasivo con la SEPI, a la que adeuda 38 millones de euros procedentes de la financiación concedida en 2022 a través del fondo de emergencia. De esa cantidad, 20 millones corresponden a créditos participativos y otros 18 millones a préstamos ordinarios (La SEPI da luz verde al rescate de 38 millones para Grupo Juliá).

La empresa pretende ampliar el calendario de devolución, cuyos vencimientos se sitúan entre 2028 y 2029, hasta el año 2032. La renegociación se extiende al conjunto de entidades financieras que integran su pool bancario, formado por alrededor de una decena de acreedores, entre ellos Bankinter, Sabadell, CaixaBank y Deutsche Bank. No se esperan quitas agresivas.

En paralelo, Juliá Internacional está revisando su presencia en el exterior, con especial atención a Argentina y Estados Unidos. El primero podría convertirse en objeto de alguna desinversión para obtener liquidez. La compañía ya ha recurrido a operaciones de venta y posterior arrendamiento de instalaciones en Madrid y Barcelona, una fórmula que le permite obtener recursos sin dejar de utilizar las campas donde estaciona sus autobuses.

La situación financiera explica la puesta en marcha de estas medidas. Las últimas cuentas individuales de la matriz, correspondientes a 2025, reflejan un patrimonio neto negativo de 41 millones de euros y un fondo de maniobra también negativo, de 37 millones. La compañía prevé cerrar el ejercicio actual con unas ventas similares a las del año anterior, en torno a los 250 millones de euros.